México, DF, 4 sep 07 (CIMAC).- El inicio de esta semana se enmarca en la vorágine de un país que está llegando a un límite de estabilidad producto, entre otras cuestiones ancestrales y añejas propias de un sistema patriarcal, por el evidente deterioro de las instituciones del Estado posrevolucionario y la enorme desigualdad social con una connotación claramente femenina.
Algunas de las reformas "estructurales", como se definen las impulsadas a la Constitución y que derivan en reformas a las leyes secundarias o a la promulgación de nuevas leyes hacia cambios fundamentales y trascendentales, y que en su momento fueron importantes para la estabilidad política del país, hoy, está visto, tienen que sufrir procesos de reformas profundas.
Las reformas que permitieron mayor incursión democrática de las diversas expresiones ideológicas y políticas, avasalladas por el partido de Estado en tiempos pasados, han quedado rebasadas y evidenciadas por su insuficiente alcance, su deficiente operación y la sesgada interpretación a favor de intereses personales o de grupo por parte de quienes las han aplicado.
En la elección federal del 2006 fue el PAN quien, desde el gobierno, organizó una elección de Estado, con todo el poder derivado del control de las instituciones y dependencias federales, sus programas y sus recursos materiales y humanos.
En sus conferencias de "experto" por EU el hablantín de Fox no dejó dudas de que hizo todo "para evitar que López Obrador ganara". Su anuncio sincero resquebrajó el árbitro electoral y nos encaminó a una crisis política e institucional de estas instituciones.
Pero en algunas entidades y municipios ya no solo es el PRI el partido en el poder que organiza elecciones de Estado, lo hacen otros partidos que devengan en ese momento el poder. Para derogar esta cultura autoritaria y corrupta de las "fuerzas vivas" y que ha permeado a los partidos políticos, es necesario que las reglas sean más estrictas para asegurar un comportamiento y sanción acordes a lo que establece el precepto constitucional, pero también es necesario que quienes estén al frente de la exigibilidad y vigilancia del cumplimiento de la ley tengan autoridad moral y legal, de tal suerte que es inherente a las nuevas reformas en el ámbito electoral, que el IFE se transforme y que quienes hoy son consejeros electorales, empezando por el consejero presidente, sean saldados del encargo.
Ahora bien, estamos hablando que las instituciones actuales se sustentan en un sistema, que por ser patriarcal es antidemocrático porque no asegura la participación en condiciones de igualdad de tratos y de oportunidades lo mismo a mujeres que a hombres, lo que hace evidente la falta de opinión, la presencia y las directrices de la mitad de la población conformada por mujeres.
Es verdad que ser mujer no asegura ningún compromiso con las causas de las mujeres, está visto que a veces las críticas entre nosotras es más atroz y lacerante que hacia los señores. Es común encontrar a mujeres, algunas definidas como feministas que aducen trabajar mejor con hombres, o que en los hechos con quién mejor trabajan hacen alianzas es con hombres. Aún así, ciertamente hay que trabajar, las más dispuestas, para que las mujeres, -no las que están en la elite, obvio- logren el adelanto esgrimido en los tratados y en los preceptos de las reuniones, conferencias y foros internacionales.
Y si las reformas electorales son indispensables, también lo es la transformación del Congreso de la Unión y de toda su reglamentación: quiero destacar que la decisión del PRD para que la presidenta del Congreso de la Unión, diputada Ruth Zavaleta, dejase la conducción de la sesión del 1 de septiembre a un vicepresidente de la mesa directiva, en la que Calderón entregó el primer informe del gobierno federal, fue discutida, avalada y votada afirmativamente por todas las y los diputados y senadores del PRD, salvo dos abstenciones.
Adelantar primicias subjetivas y prejuiciosas contra la presidenta del Congreso de extracción perredista ha quedado rebasado y contrapuesto por un desliz falto de probidad a un acuerdo congresal por parte de las autoridades que hoy se visten de azul.
Ese es el asunto. Su posicionamiento fue censurado y su repercusión conforma una serie de señalamientos que tienen que ser considerados en las reformas estructurales para constituir un parlamento eficaz, eficiente e independiente, con una vida parlamentaria en las comisiones y comités, quitando además todos los rituales penosos y absurdos por parte de quienes aún reverencian al titular del Poder Ejecutivo y descuidan su principal tarea que es legislar y rendir cuentas a la nación.
Y la discusión fundamental de nosotras, desde mi modesto punto de vista, es estar en la toma de decisiones, por eso es necesario refrendar nuestra solidaridad y solicitud a las legisladoras para que estén en las discusiones de definición para asegurar presupuestos a favor de las causas de las mujeres y certificar que en las cuestiones de las reformas no solo sean correligionarias de los señores que definen, consensan, acuerdan y finalmente deciden el marco y alcance de las reformas sin ninguna perspectiva de género.
Hoy tenemos un marco jurídico que es un piso mínimo hacia la negociación, como lo constituyen leyes como la de igualdad entre hombres y mujeres o por el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, junto con otras leyes como la de no discriminación, por mencionar solo algunas.
La protección a los derechos humanos tiene que trascender las correctas consignas y discursos y llegar a los ámbitos del gobierno que son intocables como lo es el ejército o las corporaciones policiacas de todo nivel.
El caso de Ernestina Ascencio se ha convertido en un emblema contra la corrupción y la impunidad. Nadie podrá discutir porque aquí no hay argumentos en contra, de que ella se ha constituido en una divisa ante toda la sociedad sobre la situación cotidiana de sobrevivencia en la que se encuentran las zonas indígenas de este país.
Sobreviven una situación de excepción por parte del ejército que viola a las mujeres y a las niñas con la mayor impunidad, puede desalojar de sus precarias propiedades a las parcelas donde se asientan arbitrariamente, no se respeta a las autoridades civiles, crean un clima de guerra y pueden pasar un proceso delictivo a otro sin que las autoridades civiles sean congruentes con los principios del derecho a los que están obligados a respetar.
Montesquieu señalaba que la corrupción de cada gobierno empieza casi siempre por la de sus principios; y señalaba que el principio de la democracia se corrompe, no solo cuando se pierde el sentido de la igualdad, sino también cuando se adquiere el sentido de la igualdad extrema y cuando uno quiere ser igual que aquellos a quienes escogió para gobernar.
La democracia en nuestro país está en severa crisis, nadie puede ocultar que hay un debate sobre la legitimidad de quien hoy está gobernando. Hasta la siguiente.
Tomado de rotativo.com.mx
