La violencia contra las mujeres y la derecha misógina

Por: Saul Arellano

El Informe del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra los Niños es contundente. En su página 17 dice: "Toda violencia contra las niñas, niños y adolescentes es prevenible". Agrega en la misma página: "Los Estados tienen la obligación de garantizar que los que cometan actos de violencia rindan cuentas". El tema de la violencia contra los niños es fundamental cuando se piensa el tema de la violencia contra las mujeres. La mayoría de menores de 18 años maltratados en México y el mundo son sin duda niñas y esta realidad debe llamar a la acción colectiva para modificar patrones sociales anclados en una cultura machista y en algunos sectores hasta misógina. En México se ha comenzado a generar estadísticas para dimensionar el problema de la violencia contra las mujeres. Se han levantado distintas encuestas nacionales sobre el tema, tales como la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, del año 2003; la Encuesta Nacional de Violencia en Pareja de Usuarias de Servicios de Salud en México, 2003; la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en 2004; y recientemente se presentó el Informe Nacional sobre Violencia y Salud. En todos estos documentos, las cifras son alarmantes. Los registros de violencia contra las mujeres muestran que más del 90% de las mujeres y niñas de este país han sufrido en algún momento un acto de violencia, y hasta un 69% ha sufrido agresiones físicas por parte de su pareja. En su introducción, la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres reconoce: "La magnitud del problema es enorme: la encuesta arroja una estimación de la prevalencia de violencia en pareja de las usuarias de servicios de salud, de 21.5%, es decir, una de cada cinco mujeres padeció alguna agresión de su pareja en los 12 meses previos a la entrevista". (ENVM-2003, INSP-SSA). Este dato es ratificado por el ya mencionado Informe Nacional de Violencia y Salud, 2006, en el que se recogen las principales estadísticas con las que cuentan las dependencias públicas, para mostrar la magnitud de los problemas de salud pública asociados al ejercicio de la violencia. Este tipo de estudios es importante porque arroja indicadores que permiten comenzar a comprender cuáles son los principales retos y riesgos sociales a que nos enfrentamos las sociedades del siglo XXI. En México hemos empezado a desarrollar mecanismos y programas para abatir la violencia contra las mujeres y tratar de reducir los indicadores de maltrato, abuso o discriminación por causas de género. Un paso fundamental fue la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Ley, promulgada en febrero de este año, aún con los errores e inconsistencias señaladas en múltiples foros y por diversos expertos, constituye un avance fundamental en la generación de mejores condiciones para la equidad y para la reducción de la violencia en nuestro país. El artículo 2 de esta Ley establece: "La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano". Este mandato ha generado en casi todos los estados del país reacciones para legislar e impulsar marcos jurídicos locales, que permitan fortalecer las capacidades para la protección de las mujeres contra la violencia individual y social que se ejerce contra ellas. Frente a este mandato de Ley, la derecha ha reaccionado nuevamente, como ya es "tradición" de manera reaccionaria y conservadora. El estado de Guanajuato, penosamente, es otra vez un ejemplo de cómo los gobiernos conservadores utilizan su poder para atentar contra los derechos humanos y para intentar hacer de sus vicios privados, morales públicas. En Guanajuato, como en otras entidades, se está discutiendo en foros la creación de la citada Ley. Al respecto de esta discusión, el Gobierno del Estado, junto con sus empleados en el Congreso, ha fijado como posición que la Ley puede llegar a ser contradictoria del artículo 4º de la Constitución, pues al dar ventajas a las mujeres, violaría el precepto de "igualdad entre géneros" establecido en la Carta Magna. El desconocimiento en materia de género es no sólo visible sino insultante. La página del Congreso del Estado de Guanajuato tiene una nota en la que se da cuenta de la realización de cuatro foros en la materia. Vea el lector la declaración de uno de los diputados al respecto: "El diputado Francisco Javier Chico Goerne Cobián dijo que la equidad de género y el respeto a los derechos humanos son imprescindibles para el desarrollo sustentable e hizo un llamado a diseñar políticas públicas que aseguren la construcción de una sociedad más justa, solidaria y participativa". (http://www.congresogto.gob.mx/csocial/boletines/LX-LEGISLATURA/2007/julio/bol1962007.htm) Los políticos de la derecha que gobiernan desde hace poco más de 15 años a Guanajuato, y que lograron encumbrar al presidente más ignorante e irresponsable de los últimos años en México, siempre han sido misóginos. Carlos Medina Plascencia es recordado por su célebre intento de prohibición de minifaldas y escotes en dependencias públicas. Vicente Fox, siendo presidente de la República, llamó "viejas verduleras" a las diputadas y senadoras que exigían la rendición de cuentas de lo que el Presidente invertía en la ropa de su esposa con recursos públicos y llegó a llamar también a las mujeres, "lavadoras de dos patas"; en el Gobierno de Juan Carlos Romero Hicks, los deciles de exceso de riesgos y muertes prevenibles de mujeres, crecieron, según los datos del Informe La Mortalidad en México, 2000-2004, "Muertes evitables: magnitud, distribución y tendencias". Ese es el tipo de personajes que no deben gobernar al país. Hace unas semanas, el Secretario General de Gobierno de Guanajuato llamó "esquizofrénicos y pendejos" a los directores de los principales medios de comunicación de la entidad; el Congreso no pidió su renuncia, como hubiese ocurrido en un país democrático y respetuoso de las garantías constitucionales. El estado de Guanajuato presenta estancamientos y retrocesos graves en desarrollo humano, y el Congreso local no llama a rendir cuentas a nadie; esto hubiese generado un verdadero escándalo en un país o una entidad plenamente democrática y respetuosa de los derechos humanos. ¿Por qué oponerse a una ley de este tipo? ¿A quién protegen los misóginos? La trata de personas, la violencia sexual y la explotación sexual comercial de niñas y mujeres, la pornografía y la prostitución forzosa, ¿no serían causas suficientes para impulsar sin regateos una ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres? ¿Por qué permitir que haya más mujeres y niñas golpeadas; más mujeres y niñas vulnerables en medio de la migración, el desempleo y la marginación que persisten en un estado como Guanajuato? Éstos son los políticos que no deben gobernar más al país y que por vergüenza, debieran al menos ofrecer disculpas públicas, ya no por sus dislates, sino por su ignorancia e incapacidad de gobierno. Esperemos que no lleguen más a cargos de representación popular personajes, como el lamentable diputado, que piensa que el cuidado de la flora, la fauna y en general los ecosistemas, tienen como base la equidad de género. sarellano@ceidas.org

 

Tomado de www.cronica.com.mx