Guillermo Alonso Angulo
Secretario técnico del Consejo de Protección a la Familia y coordinador de Acciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Yucatán
Habla de la violencia contra los niños, en particular la de tipo sexual, y de la importancia de que la sociedad, los gobiernos y los ciudadanos, trabajen unidos en el combate de este mal y, sobre todo, en la prevención y atención de víctimas y victimarios El abuso sexual es considerado una de las formas de maltrato infantil que se presentan en la sociedad y en el seno familiar.
Contrario a lo que se podría pensar, en la familia hay con mucha frecuencia un integrante que realiza un acto en el cual el maltrato se relaciona con la sexualidad.
Sin contar con estadísticas plenamente confiables, ya que sólo se sabe del problema cuando se denuncia a las autoridades, Yucatán ocupaba el 9o. lugar en número de niños y niñas atendidos por la Procuraduría del DIF en 2004.
Asimismo, de acuerdo con información reciente, de 2002 a 2007 se incrementó en un 100% el número de denuncias sobre este tema, aunque es un dato que no asegura que se hayan duplicado los casos en cinco años; sin embargo, podemos señalar que el problema existe y ya se denuncia, y que al menos en el presente año ya hay 650 acusaciones por delitos sexuales, lo cual nos lleva a pensar que hay que establecer políticas de prevención y atención más claras y proactivas para revertir el aumento de este problema.
Para ello, es necesario entender que en el abuso sexual contra los niños y las niñas interviene una serie de factores que hacen más compleja la atención del mismo.
Primero, la sociedad en su conjunto, desde sus autoridades hasta sus ciudadanos, debe comprender que entre estos factores está la creencia de que los adultos somos propietarios y por ello tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestros niños y niñas. El maltrato en general y el abuso sexual en particular se dan, en parte, porque la sociedad es permisiva en el uso del poder y la fuerza para controlar a sus niños, lo que llevado al extremo permite a personas con problemas psicoafectivos abusar sexualmente de ellos.
En segundo lugar, es necesario reconocer que en particular el abuso sexual a los niños y las niñas se fortalece en la medida que los patrones educativos ocultan o siguen manejando cierta información de manera distorsionada, como aquella que tiene que ver con la sexualidad humana.
Tanto los niños como los adultos tienen el derecho a recibir educación basada en conceptos científicos que les permitan comprender su cuerpo y su sexualidad, y para que sepan que nadie, por mucho que los quiera o respete, tiene el derecho de aprovecharse de ellos. De la misma manera, es determinante acabar con aquellos mitos sociales que hacen que en la víctima del abuso sexual se cree un estigma que los acompaña toda la vida, convirtiéndose en abusadas doblemente no sólo por quien las agredió, sino por la sociedad que las señala y las rechaza.
Finalmente, pero no menos importante, es necesario que como sociedad nos hagamos corresponsables de garantizar un medio social favorable para el crecimiento pleno de los niños y las niñas. Hasta ahora nuestro silencio nos hace cómplices de muchos abusos en el interior de las familias, en detrimento de la felicidad y la tranquilidad de niños y niñas.
Relacionado con este último aspecto, es necesario señalar que los recursos destinados a la prevención y la atención del abuso sexual son aún limitados y que, aunque se han hecho esfuerzos importantes para crear espacios para la atención y la denuncia, queda mucho por hacer.
En este sentido, algunas de las acciones más urgentes son establecer programas educativos en las escuelas con alumnos, maestros y padres de familia, donde se brinde información y se reflexione sobre la educación sexual y el respeto a la integridad y dignidad humana.
También es necesario consolidar acciones para que desde la escuela, la familia y las instituciones se garantice el respeto pleno de los derechos de los menores, entendiendo a éstos como sujetos de derechos que hay que respetar.
También es necesario crear programas de atención a niños y niñas que han sido objeto de abuso sexual, que sea integral y que les permita a ellos y a sus familias superar el problema de una manera digna y plena. Y en la medida de lo posible, es fundamental trabajar con la persona que ha cometido el abuso, ya que en la mayoría de los casos padece algún tipo de problema psicoafectivo que pudiera ser atendido e inclusive resuelto.
Aquí vale la pena señalar que el castigo a nivel penal para quienes cometen abuso sexual es importante, pero que de ninguna manera resulta ser la solución al problema, por lo que más que pensar en invertir para aumentar castigos y penas corporales, vale mucho más la pena implementar acciones de prevención y atención integral.
Aunque resulte incomprensible, en pleno siglo XXI seguimos atentando contra el más preciado tesoro de la sociedad: los niños y las niñas, sin darnos cuenta que así vamos construyendo un mundo cada vez más inhumano que pone en riesgo nuestra libertad y nuestra dignidad.
Está en las manos de cada ciudadano y de cada gobernante responder al reto de detener este mal y construir las bases para lograr una sociedad donde el abuso del poder -cualquiera que este sea- quede desechado y en su lugar se construya una sociedad plena de respeto y felicidad.- Mérida, Yucatán.
iepa@laneta.apc.org
Contrario a lo que se podría pensar, en la familia hay con mucha frecuencia un integrante que realiza un acto en el cual el maltrato se relaciona con la sexualidad.
Sin contar con estadísticas plenamente confiables, ya que sólo se sabe del problema cuando se denuncia a las autoridades, Yucatán ocupaba el 9o. lugar en número de niños y niñas atendidos por la Procuraduría del DIF en 2004.
Asimismo, de acuerdo con información reciente, de 2002 a 2007 se incrementó en un 100% el número de denuncias sobre este tema, aunque es un dato que no asegura que se hayan duplicado los casos en cinco años; sin embargo, podemos señalar que el problema existe y ya se denuncia, y que al menos en el presente año ya hay 650 acusaciones por delitos sexuales, lo cual nos lleva a pensar que hay que establecer políticas de prevención y atención más claras y proactivas para revertir el aumento de este problema.
Para ello, es necesario entender que en el abuso sexual contra los niños y las niñas interviene una serie de factores que hacen más compleja la atención del mismo.
Primero, la sociedad en su conjunto, desde sus autoridades hasta sus ciudadanos, debe comprender que entre estos factores está la creencia de que los adultos somos propietarios y por ello tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestros niños y niñas. El maltrato en general y el abuso sexual en particular se dan, en parte, porque la sociedad es permisiva en el uso del poder y la fuerza para controlar a sus niños, lo que llevado al extremo permite a personas con problemas psicoafectivos abusar sexualmente de ellos.
En segundo lugar, es necesario reconocer que en particular el abuso sexual a los niños y las niñas se fortalece en la medida que los patrones educativos ocultan o siguen manejando cierta información de manera distorsionada, como aquella que tiene que ver con la sexualidad humana.
Tanto los niños como los adultos tienen el derecho a recibir educación basada en conceptos científicos que les permitan comprender su cuerpo y su sexualidad, y para que sepan que nadie, por mucho que los quiera o respete, tiene el derecho de aprovecharse de ellos. De la misma manera, es determinante acabar con aquellos mitos sociales que hacen que en la víctima del abuso sexual se cree un estigma que los acompaña toda la vida, convirtiéndose en abusadas doblemente no sólo por quien las agredió, sino por la sociedad que las señala y las rechaza.
Finalmente, pero no menos importante, es necesario que como sociedad nos hagamos corresponsables de garantizar un medio social favorable para el crecimiento pleno de los niños y las niñas. Hasta ahora nuestro silencio nos hace cómplices de muchos abusos en el interior de las familias, en detrimento de la felicidad y la tranquilidad de niños y niñas.
Relacionado con este último aspecto, es necesario señalar que los recursos destinados a la prevención y la atención del abuso sexual son aún limitados y que, aunque se han hecho esfuerzos importantes para crear espacios para la atención y la denuncia, queda mucho por hacer.
En este sentido, algunas de las acciones más urgentes son establecer programas educativos en las escuelas con alumnos, maestros y padres de familia, donde se brinde información y se reflexione sobre la educación sexual y el respeto a la integridad y dignidad humana.
También es necesario consolidar acciones para que desde la escuela, la familia y las instituciones se garantice el respeto pleno de los derechos de los menores, entendiendo a éstos como sujetos de derechos que hay que respetar.
También es necesario crear programas de atención a niños y niñas que han sido objeto de abuso sexual, que sea integral y que les permita a ellos y a sus familias superar el problema de una manera digna y plena. Y en la medida de lo posible, es fundamental trabajar con la persona que ha cometido el abuso, ya que en la mayoría de los casos padece algún tipo de problema psicoafectivo que pudiera ser atendido e inclusive resuelto.
Aquí vale la pena señalar que el castigo a nivel penal para quienes cometen abuso sexual es importante, pero que de ninguna manera resulta ser la solución al problema, por lo que más que pensar en invertir para aumentar castigos y penas corporales, vale mucho más la pena implementar acciones de prevención y atención integral.
Aunque resulte incomprensible, en pleno siglo XXI seguimos atentando contra el más preciado tesoro de la sociedad: los niños y las niñas, sin darnos cuenta que así vamos construyendo un mundo cada vez más inhumano que pone en riesgo nuestra libertad y nuestra dignidad.
Está en las manos de cada ciudadano y de cada gobernante responder al reto de detener este mal y construir las bases para lograr una sociedad donde el abuso del poder -cualquiera que este sea- quede desechado y en su lugar se construya una sociedad plena de respeto y felicidad.- Mérida, Yucatán.
iepa@laneta.apc.org
Tomado de www.yucatan.com.mx
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